Ciralsa Sociedad Anonima Concesionaria Del Estado (en Liquidacion)

La factura del rescate de las concesionarias de autopistas liquidadas durante la crisis financiera sigue engordando por la vía de los intereses. El Estado debe abonar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) a los titulares de esa garantía. En el caso de la concesionaria CIRALSA (circunvalación de Alicante), ese interés es del 8% sobre una RPA inicial de 306,9 millones y por más de cuatro años de retraso en la fijación de la cifra. El MINISTERIO DE TRANSPORTES tiene un plazo de dos meses para abonar los 306 millones de primera resolución de RPA, y seis meses para realizar la liquidación complementaria en el caso de CIRALSA, con la resolución de situaciones pendientes.

El Gobierno ha aprobado la primera resolución del cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la liquidación de la autopista AP-7 de circunvalación de Alicante, por la cual la concesionaria CIRALSA recibirá 306,9 millones de euros. La compensación reconocida provisionalmente por el Gobierno servirá para compensar a los acreedores de esta autopista que compraron en su momento la deuda a los bancos. Los fondos Taconic, Attestor, King Street y SVP son los titulares de estos derechos de crédito.El Ministerio de Transportes explicó que estas cantidades, que no son definitivas, deben compensar las expropiaciones y la inversión en las obras de la infraestructura.

El MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA) ha cifrado en 302,7 millones la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración en la autopista AP-7 de circunvalación de Alicante. Es decir, el importe que el Gobierno deberá abonar a la anterior concesionaria, o a sus acreedores, por las inversiones y las expropiaciones que tuvo que realizar para poner en marcha la infraestructura, que ahora está en manos de la empresa pública SEITTSA, tras la quiebra de la firma. La responsable de la concesión era CIRALSA, firma que apenas 5 años después de su apertura, solicitó el concurso de acreedores.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que puede desbaratar los planes del Gobierno para abaratar la factura por la quiebra de las autopistas de peaje radiales de Madrid y una parte de los corredores de pago de Levante. Según la resolución del recurso que en su momento presentó la concesionaria CIRALSA (ACS, Abertis y Globalvía), publicada el pasado 28 enero, una parte de las minoraciones que el Ministerio de Transportes aplicó a las RPA provisionales son ilegales y debe rectificarlas. La RPA provisional reconocida a CIRALSA ascendió a 307 millones de euros después de que el Gobierno la minorase en cerca de 40 millones de euros tras aplicar el nuevo sistema de cálculo.

El MINISTERIO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ha iniciado la incautación de las fianzas de explotación de las concesionarias de las 9 autopistas que quebraron en la última crisis financiera de 2008, por un importe que asciende a 120 millones. La primera garantía que ha solicitado corresponde a la autopista entre Madrid y Toledo (AP-41), cuyo valor asciende a 10,12 millones. Las 9 autopistas que se encuentran en liquidación concursal son la radiales de Madrid R2, R3 y R5, R4, M-12 (eje aeropuerto), AP-41 (Madrid-Toledo) y AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-7 de circunvalación a Alicante y la AP-7 entre Cartagena y Vera.