Gm Fuel Iberica Sl.

GM FUEL SERVICE ha cerrado un convenio con los acreedores que le permitirá salir del concurso y enfilar una nueva etapa. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona ha aprobado el acuerdo por el que la compañía abonará la deuda, de 90 millones, mes a mes en un plazo de cinco años. Las dos sociedades que estaban en concurso eran GM FUEL SERVICE y su filial GM FUEL IBÉRICA. Los dos principales acreedores son la Diputación Foral de Vizcaya y la Agencia Tributaria. El grupo ha retomado una viabilidad capaz de asumir el pago de la deuda, al mismo tiempo que se mantiene la actividad y los puestos de trabajo. En 2022 el grupo completo facturó más de 1.700 millones.

GM FUEL, grupo de distribución y venta de carburante, ha presentado una propuesta de convenio en el Juzgado Mercantil número 12 de Barcelona con el que intentará salir del concurso de acreedores en el que cayeron tres sociedades suyas a principios de este año (GM FUEL SERVICE, GM FUEL ATLÁNTICA y GM FUEL IBÉRICA). Inicialmente se evaluó en unos 124 millones el pasivo exigible, aunque la cantidad que forma parte de la propuesta de convenio es de 93,9 millones. El documento establece el abono de este importe de forma íntegra -sin quitas- en un plazo de cinco años. El convenio debería suscribirse el próximo 1 de diciembre en una junta.

GM FUEL ha presentado concurso voluntario de acreedores en el Juzgado Mercantil 12 de Barcelona con un pasivo exigible total de 124 millones. Este importe se adeuda a la Agencia Tributaria y la Diputación de Vizcaya. La compañía tiene una deuda superior intragrupo. En abril de 2021, la filial GM FUEL TANK presentó concurso con una deuda de 99 millones. GM FUEL pretendía pagar la deuda en 5 años sin quitas, pero en junio, la Agencia Tributaria realizó una derivación de responsabilidad tributaria de la deuda concursal al resto de empresas del grupo (GM SERVICE, GM IBÉRICA y GM ATLÁNTICA) y después embargó al grupo. GM pagó 46 a la Agencia Tributaria y adeuda 53 a la Diputación de Vizcaya.

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por ocho empresas energéticas contra la orden ministerial que establecía las aportaciones de casi 500 empresas al denominado Fondo de Eficiencia Energética, que les obliga a pagar unos 200 millones al año. Se trata de los recursos de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, SHELL ESPAÑA, VIESGO, la patronal petrolífera AOP, GM FUEL IBÉRICA, DISA PENÍNSULA, TAMOIL ESPAÑA y CIDE HC.