Iberpistas Sa.

De los 90 millones de euros que costarán las bonificaciones y exenciones en el pago de algunos peajes en 2023, 81 millones irán a parar a ITÍNERE que, a través de varias de sus filiales recibirá varios paquetes de transferencias. En concreto, a través de AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO recibirá una dotación de 65,45 millones según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Asimismo, recibirá a través de AUTOPISTA ASTURLEONESA, que ostenta la titularidad de la concesión de la AP-66, una compensación de algo más de 15 millones. Por su parte, ABERTIS, a través de IBERPISTAS y su sociedad AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, que gestiona la AP-68, recibirá 7,6 millones.

ABERTIS también recurrirá la sentencia que le fuerza a pagar 175,6 millones a Haitong Bank por la deuda pendiente de las raciales 3 y 5 de Madrid, con lo que se suma así a la decisión similar anunciada por ACS y Sacyr. Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado a pagar a las 3 empresas un total de 450 millones, más intereses y costas del procedimiento, a Haitong Bank, el agente del sindicato de bancos que financió las citadas autopistas radiales, que quebraron durante la crisis. ABERTIS indica en una comunicación remitida a la CNMV que sus participadas IBERPISTAS y ACESA apelarán la sentencia y que IBERPISTAS tiene totalmente provisionada esa cantidad.

ACS, SACYR e IBERPISTAS han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para calcular la responsabilidad patrimonial de Estado (RPA), a la que se deberá hacer frente por el rescate de las vías quebradas, ahora en fase de liquidación y en manos de Seittsa. El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas (vía peajes). A esta cantidad se sumará el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías, pendiente de determinar, y se le restará las inversiones que se consideran necesarias como coste de reposición.

Los principales fondos acreedores de las autopistas quebradas han cursado una demanda por cerca de 640 millones contra ABERTIS y sus socios por el incumplimiento de los acuerdos de financiación de ACCESOS DE MADRID, que fue titular de la R-3 y R-5. Los acreedores, entre los que se encuentran Taconic, King Street o SPV, han interpuesto una demanda de juicio declarativo ordinario en la que reclaman 223,5 millones a ABERTIS correspondientes a un contrato de apoyo y garantías a los bancos que financiaron la construcción de las citadas autopistas. Entre los avales se encontraban IBERPISTAS y ACESA, filiales del grupo. Los fondos estarían pidiendo 417 millones más a SACYR, ACS y BANKIA.

El Ministerio de Fomento ha impuesto una multa conjunta y solidaria de 15.000 euros a CASTELLANA DE AUTOPISTAS y a IBERPISTAS, ambas sociedades del grupo ABERTIS, por los daños y perjuicios ocasionados por el corte de tráfico que la autopista AP-6 registró en enero de 2018 a consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Esta multa se suma a la de 1.200 euros que en mayo ya impuso a las filiales de Abertis la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas.